Pues yo creo, que además de reclamar ante la Agencia de Protección de Datos, es mucho mejor que todos presentemos individualmente, una denuncia penal en cualquier juzgado de guardia, por presunto delito de estafa, y pedir que la denuncia sea enviada a la Audiencia Nacional, dado que el presunto delito se ha cometido en toda España con miles de damnificados, como ya sucediera con lo de los sellos.
Así mismo, y aunque esto sea más dificil de conseguir, pidamos que les apliquen la legislación antiterrorista, dado que dichos cobros, parecen asemejarse al impuesto revolucionario.