El episodio español Editar
Contexto: los primeros meses de la Guerra Civil Editar

Léon Blum, jefe del gobierno francès.
A partir del 19 de julio de 1936, a los pocos días de la sublevación militar, tanto el gobierno de José Giral como el general Franco, entonces responsable del ejército de África, realizaron gestiones simultáneas en Francia, por una parte, y a través de emisarios en Roma y Berlín, por la otra, para solicitar apoyo material. Con estas iniciativas dio comienzo la progresiva internacionalización del conflicto ante la conciencia común de las carencias en medios y equipamientos militares de ambos bandos para sostener el esfuerzo bélico.[3]​

Al comienzo de la Guerra Civil Española, la situación política de Francia era confusa, con un gobierno frentepopulista que incluía entre sus elementos mayoritarios al centrista Partido Radical. Aunque Léon Blum, como el PCF, pretendió intervenir a favor de la República, los radicales se opusieron y amenazaron con retirarle su apoyo. A ello se unieron las advertencias británicas sobre el riesgo de obstruir la política de apaciguamiento emprendida por el conservador Stanley Baldwin. De tal modo, el consejo de ministros reunido el 25 de julio de 1936 aprobó la cancelación de cualquier suministro desde Francia.[4]​ El mismo día en que se confirmaba la no intervención de las democracias occidentales, Hitler daba su consentimiento para el envío de un primer lote de aviones, tripulación y equipo técnico a Marruecos, mientras que el 27 de julio, Mussolini enviaría una partida de aviones de transporte, material que sería utilizado posteriormente para el puente aéreo de tropas hacia Sevilla establecido el 29 de julio de 1936. El gobierno nazi utilizó una empresa fantasma, la Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes, como tapadera para canalizar sus suministros a Franco.

El 1 de agosto de 1936 el gobierno francés emitió la propuesta a la comunidad internacional para la adopción de un «Acuerdo de No Intervención en España», apoyada por el Foreign Office a través de su embajada en París el 7 de agosto.[5]​ El acuerdo fue también inicialmente suscrito por la Unión Soviética, Portugal, Italia y el Tercer Reich, sumándose al Comité de supervisión de Londres creado el 9 de septiembre de 1936. No obstante, estas tres últimas naciones mantuvieron su apoyo logístico y material mientras que los agentes de compras del gobierno republicano adquirieron suministros procedentes de México y del mercado negro.[6]​


Áreas de control de los bandos enfrentados hacia septiembre de 1936.
En el terreno de las hostilidades, durante los meses de agosto y septiembre de 1936 las fuerzas sublevadas lograron importantes avances, consolidando la frontera portuguesa tras las Batalla de Badajoz del 14 de agosto y cerrando la vascofrancesa, tras la entrada en Irún del 4 de septiembre de 1936. Este avance coincidió con un progresivo viraje de la política de la URSS hacia una intervención activa. Se emprendió entonces el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República española y el nombramiento del primer embajador soviético en Madrid, Marcel Rosenberg (antes representante soviético en la Sociedad de Naciones), el 21 de agosto de 1936.[7]​

A finales de septiembre de 1936, partidos comunistas de diferentes países recibieron instrucciones del Komintern y de Moscú para el reclutamiento y organización de las Brigadas Internacionales, que entrarían en combate durante el mes de noviembre. Mientras, el 28 de septiembre, el final de las operaciones en torno al Alcázar de Toledo permitiría a las fuerzas dirigidas por el general Varela orientar su esfuerzo hacia la Batalla de Madrid.

A lo largo del mes de octubre de 1936, la URSS envió material en ayuda del nuevo gobierno de concentración frentepopulista presidido por Largo Caballero, que incluía dos ministros comunistas, acción que el embajador soviético en Londres, Iván Maisky, justificaría ante el Comité de No Intervención el 23 de octubre de 1936, denunciando el previo sabotaje italo-alemán al mismo y reclamando la restitución del derecho a la República a armarse.[8]​ Cinco días más tarde, el 28 de octubre de 1936, zarparon de Cartagena cuatro cargueros soviéticos conteniendo el oro evacuado el 14 de septiembre del Banco de España.

Situación de las reservas y estatus del Banco de España Editar
Pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil la reserva española de oro había sido registrada por las estadísticas internacionales en mayo de 1936 como la cuarta más grande del mundo.[9]​ Fue acumulada principalmente durante la Primera Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral. Gracias a los estudios de la documentación del Banco de España (BDE),[10]​ se conoce que estas reservas se distribuían principalmente en la sede central de Madrid, las delegaciones provinciales del BDE y otros depósitos menores en París, desde 1931, estando constituidas en su mayor parte por monedas, extranjeras y españolas, mientras que la fracción de oro antiguo era menor al 0,01% e insignificante la cantidad de oro en barras pues tan sólo había 64 lingotes.[11]​

Sobre el valor de las reservas movilizables, este era conocido por las diversas publicaciones oficiales que se emitían regularmente y así el The New York Times del 7 de agosto de 1936[12]​ informaba de la cifra de 718 millones de dólares estadounidenses de la época para las disponibles en la sede de Madrid. Para el historiador Ángel Viñas, esta cifra se correspondía con 635 o 639 toneladas de oro fino o bien a 20,42 o 20,54 millones de onzas troy. Según el balance del Banco de España del 30 de junio de 1936, publicado en la Gaceta de Madrid (el BOE de la época) el 1 de julio, las reservas de oro existentes, tres semanas antes de iniciarse la contienda, alcanzaban un valor de 2.202 millones de pesetas-oro, equivalente a 5.240 millones de pesetas efectivas. Viñas calcula que la cifra de 719 millones de dólares de 1936 correspondería, actualizada con los índices de inflación, a 9.725 millones de dólares de 2005. En comparación, las reservas españolas disponibles en septiembre de ese año eran de 7.509 millones.[13]​

En 1936, el Banco de España estaba constituido como sociedad anónima por acciones (al igual que sus homólogos francés e inglés) con un capital de 177 millones de pesetas, el cual se hallaba distribuido en 354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una. A pesar de que el banco y sus reservas no eran de propiedad estatal -pues no devendrían en tales hasta la promulgación del Decreto-Ley 18/1962 del 7 de junio de 1962, sobre Nacionalización y Reorganización del Banco de España-,[14]​ la institución estaba sometida al control tanto del gobierno, quien designaba al gobernador, como del ministerio de Hacienda que nombraba a varios miembros del Consejo General del banco.[12]​

La Ley de Ordenación Bancaria (LOB) del 29 de diciembre de 1921 (o Ley Cambó)[15]​ intentó por vez primera ordenar las relaciones entre el Banco de España como banco central y la banca privada. En la ley se regulaban también las condiciones para la movilización por parte del Banco de las reservas, el cual debía contar con la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. En la base 7.ª del Artículo 1º la LOB estipulaba la facultad del Gobierno para acudir a la entidad y solicitar la venta de oro exclusivamente para influir en el tipo de cambio de la peseta y «ejercer una acción interventora en el cambio internacional y en la regularidad del mercado monetario», en cuyo caso el Banco de España participaría en dicha acción con una cantidad igual a la arbitrada por el Tesoro Público.

Aunque autores como Pío Moa consideran que el traslado del oro violaba claramente la Ley Cambó,[16]​ en opinión de Ángel Viñas la aplicación laxa de la misma por parte del gobierno republicano fue válida, basándose en los testimonios del que fuera último ministro de Hacienda de la Monarquía, Juan Ventosa y Calvell (18 de febrero a 15 de abril de 1931), que la juzgaba, poco antes del golpe militar, demasiado ortodoxa,[17]​ limitando las posibilidades de crecimiento de la economía del país. Para Viñas -que evita entrar en aspectos jurídicos- la situación excepcional creada por la rebelión explicaría el cambio de actitud con respecto a la Ley Cambó por parte del gobierno, que pasó a ejercer los mecanismos necesarios para realizar una nacionalización parcial encubierta del Banco de España, guiado por la máxima «Salus patriae, suprema lex»-[18]​ Otros historiadores, como Sardá, Miralles o Moradiellos, coinciden con esta interpretación.

La actuación del gobierno republicano sobre el Banco de España para colocar en su dirección a personas fieles a la República se concretó en el Decreto de 4 de agosto de 1936, que destituyó a Pedro Pan Gómez como subgobernador primero en favor de Julio Carabias, que 10 días más tarde fue seguida de la destitución de otros consejeros y altos ejecutivos. Después del traslado del oro a la Unión Soviética, el 21 de noviembre, se decretó la modificación del Consejo, que sufrió nuevas modificaciones y ceses hasta que el 24 de diciembre de 1937 nueve consejeros fueron sustituidos directamente por representantes institucionales. Pan Gómez huiría a la zona sublevada, para ocuparse unos meses después de organizar el nuevo Banco de España de Burgos.[19]​

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