La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) con una serie de nuevas enmiendas que garantizan que sólo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten a la libertad de expresión en Internet.

(Europa Press) Además, se propone que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberán conseguir antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio universal de banda ancha en todo el Estado.

La tasa de penetración de la banda ancha en España sigue ahora por debajo de la media de la UE y, según la OCDE, las tarifas mensuales de conexión siguen siendo de las más caras de los países de su entorno, algo que también ha reconocido la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Todos los grupos parlamentarios apoyaron estas incorporaciones al texto, propuestas por el PSOE, si bien el PP se opuso al informe de la Cámara sobre el texto completo, que pasará a su debate en el Pleno del Congreso, al recibir el apoyo del resto de fuerzas.

Con los avances logrados, según la portavoz socialista Lourdes Muñoz, "se ha conseguido un gran acuerdo que pone fin a la incertidumbre y deja claro que los contenidos y la libertad de expresión e información en Internet sólo pueden ser juzgados en los tribunales de Justicia".

Intervención en cuatro supuestos

La enmienda pactada hace referencia a la existencia de "autoridades competentes" en la salvaguarda de derechos fundamentales que tendrán capacidad de intervenir en cuatro supuestos de cooperación intracomunitaria.

Estos casos son aquellos que pongan en riesgo la "salvaguarda del orden público, la investigación penal o la defensa nacional", "la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios", así como en los que se lesione "el respeto por la dignidad de la dignidad de la persona y la no discriminación por motivos de raza, sexo, opinión nacional o discapacidad", y finalmente en virtud de la "protección de la juventud y la infancia".

Muñoz puso ejemplos como el Consejo Audiovisual de Cataluña o el Ministerio de Industria, que pueden ordenar la retirada de determinados contenidos publicitarios, y las autoridades sanitarias o de consumo sobre productos en el mercado que no cumplen los requisitos, pero insistió en que "la censura no entra en esta ley".

Entre el resto de medidas que no contaron con el apoyo de todos los grupos, se aprobó la exigencia a los operadores de informar a sus clientes sobre medidas de seguridad contra virus o correo basura, así como la puesta a disposición del público de contenidos digitales o digitalizados que pertenezcan sin restricciones a las Administraciones Públicas.

También quedará recogido el derecho a la cesión de derechos de explotación de obras para su uso libre, conocido como "copyleft".

El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, consideró que las medidas que se contienen en la norma son "escasas, poco eficientes y poco oportunas por los plazos de aprobación y la lentitud", y se quedan en "pequeños retoques" que no asumen de forma "valiente" el desarrollo de la SI "para abandonar los últimos puestos de la UE".

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